Residentes y posesionarios legales desde hace 40 años, un grupo de ejidatarios-pescadores fueron desalojados violentamente por agentes policíacos del Gobierno Estatal que encabeza el priísta Eduardo Bours Castelo. A las tierras, en zona costera y con cuatro kilómetros de playa, les salieron de repente otros dueños, familias pudientes de Sonora atraídas por el potencial económico y turístico de esa paradisíaca zona. Detrás del atropello –aseguran– está el Gobernador BoursSergio Haro Cordero
Ejido Rodolfo Campodónico, Sonora.- Tierra agreste y alejada de la mano de Dios, durante años esta zona permaneció en el olvido, sólo sacada adelante por el empuje y el esfuerzo de un centenar de familias dedicadas a actividades pesqueras. El cultivo y la pesca de jaibas, camarón, tiburón, escamas –como le llaman al pescado–, almejas y ostión, permitieron a los pobladores salir adelante en esta zona ubicada a más de 100 kilómetros de Caborca, hacia la costa del Golfo de California. Está a la altura del Puerto de San Felipe pero del lado sonorense.
Pero las tierras agrestes y olvidadas de repente tomaron un valor incalculable, sobre todo por una serie de proyectos turísticos. Y es que la Escalera Náutica y el bulevar Costero serán detonantes para el impulso de otros desarrollos donde actualmente sólo sobresale Puerto de Peñasco.
Ante el exitoso augurIo de la zona, aparecieron dueños. La codicia reina en la posesión de cerca de 900 hectáreas ubicadas en una preciosa bahía con más de 4 kilómetros de envidiable litoral de playas tranquilas, reposadas, casi vírgenes.
De pronto la tranquilidad del ejido se vio rota por un pleito legal que devino en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se basaron para pedir el desalojo por la fuerza pública.
El 19 de junio de 2008, a la zona llegaron decenas de agentes de la llamada Policía Estatal Investigadora –lo que sería la Ministerial en Baja California– y hostigaron a ejidatarios que se habían apertrechado con un cerco rústico pegado a la Cooperativa Pesquera. Los oficiales no mostraron documento alguno y así permanecieron horas; hasta la madrugada del día siguiente cuando llegaron más refuerzos desde Hermosillo y cerca de las 5 de la mañana inició el desigual enfrentamiento.
Armados con toletes y macanas los agentes tumbaron todo lo que encontraron a su paso, golpearon a los ejidatarios, ancianos, niños y los desalojaron. Desde entonces dieron posesión –así por la fuerza– a los demandantes de la propiedad, la familia Robles Mendoza, quienes no viven ni en el Ejido ni en Caborca. De hecho, son completamente desconocidos.
La reclamada posesión viene de turbios movimientos de “dación” en aparente pago al padre de los reclamantes, quienes han promovido una serie de recursos legales ante los juzgados federales con sede en Nogales y Hermosillo.
Los ejidatarios estuvieron dos semanas sin poder trabajar, pues pangas y arreos se quedaron en los terrenos playeros de los que fueron desalojados. Muestran copia de la resolución presidencial fechada en 1971 y firmada por el entonces Presidente Luis Echeverría quien les dotó de esos terrenos.
Aseguran los desalojados que tras todos estos movimientos está la mano del Gobernador priísta Eduardo Bours Castelo, en confabulación con las familias económicamente poderosas de Sonora –Mazón, Parada, Bours– quienes pretenden quitarles su patrimonio en virtud del valor que por su estratégica ubicación han tomado esos terrenos.
Mientras, en el Ejido Rodolfo Campodónico hay una tensa calma. De un lado, una veintena de agentes entre estatales investigadores y estatales preventivos y del otro, los ejidatarios quienes acaban de reiniciar sus actividades pesqueras al lograr que parte de su quipo les fuera devuelto. Aun así tienen que bordear la zona para poder llegar hasta las playas.
“Tenemos 40 años trabajando aquí, no es posible que de un día para otro nos saquen a chingazos”, dice Ramón Cortez, el tesorero de la cooperativa.
Tierras en desuso, centros ejidales
En 1952 un grupo de 37 campesinos sin tierra –algunos con gustos musicales– de Ciudad Obregón solicitaron al gobierno federal la creación de un nuevo centro de población agrícola. Las opciones fueron tierras agrestes en Chiapas o terrenos similares pero en Caborca, hacia la costa.
Les entregaron 2 mil 528 hectáreas y así nació el ejido Rodolfo Campodónico, retomando el nombre de un músico hermosillense famoso por la composición de varios valses, “Club Verde”, entre otros.
El documento está firmado por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
En aquel tiempo eran terrenos virtualmente inaccesibles, a más de 100 kilómetros al oeste de Caborca, hacia el mar. El poblado se asentó a unos cinco kilómetros de la playa, a un lado de lo que es ahora el Ejido Uribe de Alba y a unos 10 kilómetros por acceso terregoso desde la carretera que sale de Caborca, cruza infinidad de campos agrícolas y bordea el litoral, a casi 75 kilómetros de Peñasco.
En 1981 los ejidatarios solicitaron una dotación complementaria y en mayo del 83 les fueron otorgadas otras mil 300 hectáreas con las que sumaron un total de 3 mil 910. Los ejidatarios también muestran una copia de ese acuerdo, firmado por Miguel de la Madrid con fecha 5 de agosto de 1987.
En ese lapso solicitaron una ampliación a la composición y fueron admitidos 33 nuevos integrantes que ahora suman 70 ejidatarios dedicados a la pesca de diferentes especies marinas.
Pero desde el año 2000 surgió una familia hermosillense, la Robles Mendoza, quienes se dijeron dueños de cerca de 494 hectáreas, exactamente las pegadas a la playa con un litoral de unos de cuatro kilómetros, en plena bahía. Se calcula que a 20 dólares el metro cuadrado, esa franja tendría un valor comercial estimado de 180 millones de dólares.
En esa zona los ejidatarios y cooperativistas pesqueros habían instalado no sólo la entrada y salida de las pangas a la pesca, sino además un modulo de cultivo y venta de ostión. También habían construido un local para desarrollar estos trabajos, pero después de su desalojo éste fue destruido.
Y es que recientemente hubo una resolución de la Suprema Corte aun desconocida para los ejidatarios.
“No la conocemos, no la han notificado”, dice Ramón Cortez, el tesorero de la cooperativa pesquera.
En febrero pasado –cuenta Víctor Manuel López, Secretario de la Cooperativa– hubo una audiencia agendada ante la Procuraduría Agraria en Caborca donde se suponía estarían la familia de Hermosillo que reclama los terrenos, pero éstos nunca se presentaron.
Golpes y jaloneos, los argumentos
El 19 de junio cerca de las 6:30 de la mañana llegaron hasta la zona del Ejido Rodolfo Campodónico, alrededor de 15 patrullas de la Policía Estatal Investigadora (PEI) hasta las puertas de acceso a la zona pesquera del ejido.
“Del lado de nosotros había arriba de 100 personas”, cuenta Ramón Cortez. Durante todo el día ahí estuvieron medio centenar de agentes de la PEI.
“Esperábamos que llegara gente de la Procuraduría Agraria, que hubiera una notificación, que hubiera algún documento por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, que mostraran cuando menos el oficio de comisión”, comenta Víctor Manuel López.
“Estuvieron esperado que se hiciera noche para atacar”, dice Víctor Manuel en relación a los agentes traídos ex profeso desde Hermosillo.
De un lado, ejidatarios, niños, ancianos, defendiendo su patrimonio, algunos traían bates y garrotes. Del otro, agentes estatales con toletes y cascos, listos para entrar.
Alrededor de las 4:15 de la madrugada del viernes 20 llegaron otras 50 patrullas y más de 100 oficiales.
“Nos sacaron a golpes –narran los pescadores–, entraron por la fuerza, tumbaron la puerta, los candados, lanzaron gases lacrimógenos a niños y mujeres y los sacaron a empellones.
“A chingar a su madre, aquí llegaron los hijos de Bours”, cuentan que gritaron los policías.
El enfrentamiento duró cerca de una hora, hubo heridos por el lado de los pescadores y sus familias, hasta niños. Cerca de 17 lesionados y se levantaron una docena de actas por la agresión. Los agentes también destrozaron varios vehículos, uno de la cooperativa, otros de los cooperativistas.
Abierto el camino entraron en tropel patrullas y camiones hacia el lado de la playa donde permanecen hasta la fecha guardias de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal Investigadora.
Un dato muestra el control político que hay en Sonora. En la fecha del desalojo los ejidatarios acudieron a buscar a los cuatro Notarios Públicos que hay en Caborca para que dieran fe legal de la agresión. Ninguno quiso acudir.
Lo curioso es que las primeras dos semanas los policías se instalaron en la entrada a los terrenos de la cooperativa, donde ni siquiera son los del litigio –cuatro kilómetros al fondo–, aparte que no dejaban ni entrar ni recoger su equipo de trabajo como pangas, redes y demás utensilios.
Comentan que los primeros días los agentes policíacos se dedicaron a acarrear cercos y postes para bordear el lugar, como empleados de los presuntos y reclamantes dueños.
“Se está preparando la respuesta legal”, comenta sin aportar muchos detalles el Secretario de la Cooperativa Pesquera.
“Los supuestos dueños lo declararon a El Imparcial en Hermosillo, que ellos no tenían ya nada que ver, que ahora eran dueños la familia Mazón, Portillo y Ricardo Bours”, explican los ejidatarios.
Opinan que el fondo de todo este pleito tiene que ver con proyectos turísticos que ya están en marcha, como el cruce por esa zona de una nueva carretera costera que llegará desde Peñasco hasta las paradisíacas playas de San Carlos.
La carretera pasará a cuatro kilómetros de la playa, casi exactamente donde el reportero platicó con los ejidatarios y pescadores en las instalaciones de la cooperativa, ubicada a cinco kilómetros de la playa.
“Es además el lugar perfecto para una Marina –comenta Víctor Manuel López y amplía– es un abuso de poder, tenemos 40 años de posesión, tenemos una resolución presidencial. Una resolución no se puede quitar tan fácil para favorecer a otras personas.
“Desde hace 40 años estamos trabajando aquí, en esta parte de la playa, no es posible que de un día para otro nos saquen a chingazos”, dice por su parte Ramón Cortez, el Tesorero de la Cooperativa.
“Ahora resulta que no podemos entrar a la playa, donde entramos durante 40 años, porque están los policías ahí, ahora ya no traen toletes, traen metralletas…”, comenta el pescador, y sintetiza su coraje y el de su gente: “Ahora resulta que somos invasores en nuestro propio terreno”.
La mano de Bours
“Desde la reforma al 27: un cochinero”
Rubén Astorga es Comisariado Ejidal desde diciembre del 2005 ahí en el Ejido Rodolfo Campodónico. Comenta que desde noviembre de 1973 se conformó una cooperativa, la Cooperativa de Producción Pesquera Bahía de San Jorge. Explica que desde 1993 apareció un presunto dueño del terreno, de nombre Pedro Octavio Pérez Nogales.
Éste tenía un empleado-administrador Jesús Robles Toyo quien falleció y a los siete años de su muerte apareció un documento de “dación de pago” a su nombre. El pago eran los terrenos, lo que ha envuelto a los sucesores de ambas familias por un intrincado pleito legal con esas tierras de por medio.
Los habitantes del ejido son los terceros perjudicados en esta pugna. Según el presidente del Comisariado Ejidal, Pérez Nogales tenía una salinera en un terreno aledaño de sólo 100 hectáreas, pero ahora aparecen con un presunto título de mil 600 hectáreas que incluyen las 494 en litigio. Según su versión, la Secretaría de la Reforma Agraria entregó en 1993 irregularmente, un título de propiedad a los demandantes sobre el terreno que de manera legal y en posesión tenían los ejidatarios.
Indica además que la resolución presidencial a favor de los ejidatarios tomó ejecución en 1999 por eso es que los demandantes se ampararon en el 2000 y ahí empezó todo el vericueto legal en el que el Juzgado IV de Distrito con sede en Nogales falló a favor de las familias pudientes.
“Hubo un billete, por buena fuente lo sabemos”, asegura Astorga. “No estamos peleando con la familia Robles, prácticamente estamos peleando con el gobierno, ahí están 3,4 patrullas del Estado, cuidando un predio de un particular.
“Dicho por ellos mismos, son la familia Mazón, la familia Heras Portillo, son cuñados. Sabemos que anda la mano del gobernador Bours ahí, son compadres”.
Refiere que desde que el presidente Carlos Salinas cambió el sentido del artículo 27 Constitucional que permitía la enajenación de los terrenos ejidales, esto propició un mar de irregularidades.
“Desde entonces se vino el desmadre, todo lo que es el municipio de Caborca y Peñasco, desde el Golfo, es un pinche cochinero de títulos y todos expedidos por la Secretaría de la Reforma Agraria, unos encima de otros”. (Sergio Haro)
Los pasos del desalojo
El atropello legal
* En el Juzgado IV de Distrito con sede en Nogales se interpuso un Juicio de Amparo por parte de la familia Robles Mendoza y quedó radicado en el expediente 146-2000.
* Cuestionaban la ampliación ejidal otorgada a los ejidatarios que presuntamente afectaba el terreno que ellos reclaman. De ahí el amparo donde piden la Garantía de Audiencia en el juicio agrario.
* Ese juicio se sobresee y el expediente se va al Primer Tribunal Colegiado del V Circuito hasta Hermosillo donde sí se les concede la protección de la justicia federal para dejar insubsistente la resolución presidencial a favor de los ejidatarios. Según especialistas, no quedó bien delimitado el alcance de esa resolución sobre el juicio de amparo. Los abogados de la parte demandante aprovechan ese hueco para incluir la restitución del terreno.
* Los abogados promovieron un incidente de inejecución de sentencia que devino en la intervención de la Suprema Corte que emitió su resolución en junio. Fue el antecedente de la intervención de la fuerza policíaca.
(Sergio Haro)
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