Articulo por Othoniel Ramírez R.-LAS INCONGRUENCIAS DE BOURS

Por supuesto que coincidimos con la iniciativa de Eduardo Bours, de que se cierre la caseta de cobro de Fundición y “que la carretera de cuatro carriles sea de los sonorenses”. El problema está, en que no es la única caseta que debe ser suprimida por ilegal e injusta, y de eso no nos dice absolutamente nada.
También nos solidarizamos con sus “burladeros” y no vamos a discutir sobre su cuestionada legalidad, solo señalaremos que son muy justos y una buena respuesta a una ilegalidad mayor; pero tampoco dejaremos pasar la burla que significa para la sociedad, el querer aplicar sus criterios tan selectiva y convenencieramente.
Esto es algo muy parecido a la imposición del proyecto Musas, todos estuvimos de acuerdo en su construcción, en lo que no se coincidió fue en que fuera a costa de destruir un área verde y entregar un parque público a particulares.
Aunque nunca es tarde, ¿porqué esperar hasta el final del sexenio, para respaldar una inconformidad que ha estado vigente desde que inventaron tan abusivos cobros? Hay quienes señalan que es la respuesta a Felipe Calderón, por haberlo borrado de la lista de invitados a su gira por España. Pero lo que si se percibe muy claramente son dos cosas, la primera: el intento de posicionarse con una medida de simpatía popular de fin de mandato, después de tanto cuestionamiento y la profunda crisis de credibilidad por la que pasa; y segunda: poder disponer de la administración de las casetas de peaje para después reprivatizarlas.
Mientras tanto, tratan de engañarnos de que se atiende el sentir ciudadano, cuando en este mismo sexenio, el Gobierno del Estado ha establecido otro atraco carretero similar en el tramo Santa Ana-Caborca y concesionada a particulares.
De todos los cobros que nos aplican, los únicos que se pudieran considerar legales y dicho sea de paso los más baratos, son los referentes a los libramientos de Guaymas y Magdalena, ya que estas si son autenticas opciones alternas, que benefician a los usuarios; aunque en el segundo de estos casos, se nos hizo trampa, ya que cerraron el acceso norte a la carretera, para dificultar el trayecto por la vía libre.
Sin duda, es un anticonstitucional robo, que a una ruta ya establecida le impongan casetas de cobro, como lo son los otros cinco casos de Santa Ana, Hermosillo, Esperanza, Fundición y Navojoa.
En la mayoría de estos casos sus “rutas alternas” no son solo falsas y aberrantes, sino burlescas. Ejemplo: para no ser asaltados en Santa Ana-Caborca, Esperanza-Obregón, Navojoa-Fundición y Navojoa-Estación Don; se tiene que conocer la red de caminos vecinales antes de salir de las ciudades previas, para poder tomar la ruta alterna, ya que quien no las conozca no tiene escapatoria.
En ese sentido, bien haría este gobierno mañoso, en atender la experiencia de “los guachos” que tanto desprecia, ya que las carreteras de cobro del sur del país no son expropiaciones, son verdaderas autopistas construidas exprofeso para acortar tiempos y distancias y que bien valen la pena pagar por ellas.
Ojalá y los presidentes municipales y diputados que también respaldan “el sentimiento ciudadano”, aprovechen la buena disposición y apoyo de Bours a “los burladeros”, para que promuevan su implementación en las otras casetas; como lo han amenazado el Presidente de Caborca y los diputados Petra Santos y Mónico Castillo. Quizás, dado su carácter tan “echa´o pa´lante” y su espíritu democrático, también los apoye con nomenclaturas, carteles y trabajadores con muy justificado cargo al erario público.
Ya en serio, sin ser su intención, tenemos que agradecerle al “gobernador ciudadano” que diera pie a revivir este tan necesario debate, sobre un real rescate total de tan deficientes carreteras.
Otra incongruencia de Bours dentro de este mismo tema, son sus llamados al Gobierno Federal al dialogo y la negociación; cuando él no se ha caracterizado precisamente por atender a sus gobernados, ni siquiera cuando le gritan las inconformidades frente a su palacio, ni en sus actos públicos. Sus berrinches por la desatención de la federación a sus muy particulares reclamos, son un verdadero “machetazo a caballo de espadas”, a quien dada su excesiva soberbia, está acostumbrado -en el mejor de los casos- a la cruel indiferencia, y cuando se irrita a patear piedritas y piedrotas; mentándoles la madre, inventando procesos, encarcelando y desacatando la ley.
Por ejemplo: en una protesta del Grupo de Ciudadanos en Defensa del Parque Villa de Seris el pasado jueves 5 de junio, durante un evento denominado irónicamente “Por una buena obra”, el Secretario de Gobierno, Roberto Ruibal, se comprometió a que el siguiente martes, tendría una respuesta por escrito a las peticiones de cese a las agresiones a quienes participan en este movimiento y de audiencia con el gobernador. Como era de esperarse, el funcionario en cuestión incumplió su palabra y no solo eso, sino que después -como ha sido la costumbre- ofendió a los quejosos al declarar a un medio oficial que no los había atendido porque en el grupo que fue a recibir su respuesta, no iban los miembros del Partido Acción Nacional que son los que a su juicio los dirigen.
Esa ha sido, invariablemente la atención grosera y mentirosa de funcionarios “cortados con la misma tijera” que su despótico patrón y el respeto que le merecen los ciudadanos libres y participativos.
De ese diminuto tamaño es la baja estatura política y moral que impera en este insensible gobierno, que ante tantas incongruencias se ha auto-erigido en ser solo “Candil de la calle y oscuridad de su casa”.
Othoniel Ramírez R

Articulo por Othoniel Ramírez R. PISOTEA BOURS LIBERTAD DE EXPRESIÓN

PISOTEA BOURS LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“El tamaño del castigo contra quienes protestan, da idea de la dimensión del atraso de una sociedad”: Nelson Mandela
Othoniel Ramírez R.

Muy a propósito del tema de temporada, la recién festejada libertad de expresión, es importante señalar que en Sonora, quienes hacemos uso de ella, denunciando las corruptelas de las autoridades, somos arbitrariamente perseguidos. Dicho de otra manera: existe la libertad de expresar lo que cada quien deseé, pero tenemos que atenernos a las consecuencias.
Esto no es nada nuevo, en mayor o menor medida, ha sido la costumbre; pero con el actual gobierno de Eduardo Bours, se ha llegado al extremo de expresar pública y abiertamente sus medidas represivas.
Para ello, ha tenido de su lado al grueso de medios y comunicadores comprados con nuestros propios impuestos, para ser cómplices y tergiversadores de esta triste realidad.
Son muy contados los espacios que se mantienen fuera del control oficial, asumiendo esa libertad y de paso permitir a los ciudadanos expresarse.
De manera impresa solo El Imparcial y Dossier Político, han conservado esa categoría de independientes y de contrapeso a los excesos gubernamentales. Podríamos también agregar un incipiente, modesto y comprometido esfuerzo editorial, denominado El Caracol. De allí en fuera, todo el gran resto de publicaciones que circulan, se caracterizan por su incondicionalidad y omisiones de lesa sociedad.
En cuanto a la radio, a pesar de la tendencia oficialista de concesionarios y conductores, han mantenido abierto los micrófonos a la audiencia, -que ya es un gran logro- en los noticieros matutinos de Fausto Soto, Juana María Holguin, Gloria Elvira Biebrich y Jesús Ruiz.
El caso de Radio Bemba en el 95.5 de FM se cocina aparte, por ser la única estación comprometida de tiempo completo con las causas justas y sociales.
En la red de internet, además de los concurridos portales que mantienen El Imparcial, Dossier Político y la Radio Bemba, son también de reconocerse por su apertura el de Kiosco Mayor, Contactox y Opinión sin fronteras; de la televisión, mejor ni hablamos.
A estos espacios citados, se reduce el ejercicio de la libre expresión en los medios de la capital de nuestro estado y que merecen nuestro reconocimiento, ya que no son pocas las presiones y ofertas que reciben desde el poder gubernamental, para que se sumen “por las buenas” a la cargada como voceros oficiales. A ello obedece, durante este sexenio los casos de cierre de publicaciones como Cambio, Contralinea Sonora y muy recientemente Dossier Semanal.
También este gobierno irrespetuoso de esta garantía constitucional, ha confiscado también con recursos públicos, varios tirajes completos correspondientes a nuestro estado de las importantes revistas de circulación nacional Contralinea y Proceso, como una aceptación tácita de las imputaciones de corrupción y ligas criminales que allí se exponen. Por si esto fuera poco, han agredido las funciones informativas de Radio Bemba y también negado su reconocimiento como medio de comunicación al vetarla y negarle el acceso a los actos públicos de gobierno.
Demasiado contradictorio que se rechace al único medio electrónico que cumple a plenitud con su obligación de privilegiar el interés social por encima del económico; reflejando meridianamente con esto, el tamaño de su rencor a la libertad que allí se ejerce, cuantas maniobras tratan de ocultar y el enanismo mental que padece el boursismo.
Tenemos que hacer hincapié, en que la libertad de expresión, no solo la ejercen los periodistas y medios de comunicación; somos además los ciudadanos, organizados o por separado quienes también la asumimos con los riesgos que ello implica y una mayor vulnerabilidad. Es ya costumbre de esta administración, que los acusadores los convierta en acusados o mínimo víctimas de las difamaciones de parte de los mercenarios de la prensa y llamadores de la radio, mantenidos con nuestros fondos.
Es tal la soberbia de Eduardo Bours Castelo, que es más común que a sus opositores los mande golpear, encarcelar, hostigar, despedir de sus empleos y cometiendo abiertos desacatos a la ley; a que se digne a atenderlos.
Entre esas agresiones, por citar solo las más escandalosas, están los procesos legales inventados a quienes protestan por tantos agravios a la sociedad, ejemplos: a los defensores del parque Villa de Seris, al dirigente de los transportistas Alfonso Chaparro y miembros del Tribunal Ciudadano Víctor Abdiel; que llegaron al extremo del encarcelamiento y a las cínicas amenazas de liberar más ordenes de aprehensión.
En el caso de quien esto escribe, por ejercer nuestra crítica constante a las corruptelas y la intolerancia oficial, por todos los medios a nuestro alcance: prensa escrita, radio y protesta pública; estamos amenazados desde la Secretaría de Gobierno -que no se mandan solos- con despedirnos de nuestro empleo, aparte de enfrentar procesos legales con cargos, no solo inventados, sino inexistentes.
También se han dado a la tarea de sobornar a impresos donde hemos colaborado para que nos excluyan, pero siempre habrá medios dignos como Dossier Político, Kiosco Mayor, Contactox y el Caracol que reciban nuestras humildes opiniones.
Por otra parte, como resultado de un juicio laboral que emprendimos contra la Secretaría de Educación y Cultura, no solo se niegan a acatar una resolución judicial emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y ratificada por el Juzgado Federal Segundo de Circuito en Material Civil y Laboral; sino que me responden tanto en la SEC, como desde la Secretaría de Gobierno, que no van a cumplir con ese laudo que los sentencia a reconocerme con la categoría que desempeño, mientras no renuncie a mi derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.
Esto nos obligará a tener que acudir a la única arma que tenemos los ciudadanos, para defendernos de funcionarios con fuero que infringen la ley: plantear ante el Congreso del Estado, una demanda de Juicio Político en contra del propio Gobernador del Estado.
En conclusión: ese es el respeto que le merece a este despótico gobierno, la libertad de expresión y los ciudadanos que se atreven a levantar la voz, ante tantos abusos que comete; reviviendo con ello un terrorismo de Estado, propio de otras épocas, supuestamente ya superadas.
Othoniel Ramírez R